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Argentina: la policía bonaerense consigue suba salarial movilizando sus fuerzas a la residencia presidencial

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A la tensión que generaron las tomas de tierras en diversos municipios de la provincia de Buenos Aires, la numerosa policía local, que tiene 90 mil uniformados en sus filas y es la más numerosa de América del Sur, sumó zozobra e incertidumbre a la sociedad argentina en las últimas 48 horas.

Lo que al comenzar la semana se había iniciado como un reclamo salarial, no por vías gremiales, ya que los policías no pueden tener sindicato en Argentina, terminó convirtiéndose en una imponente movilización y demostración de fuerza en puntos estratégicos del distrito. El populoso partido de La Matanza fue el elegido como centro neurálgico de la revuelta que se replicaba en otras zonas, y desde donde agentes retirados y exonerados auspiciaban de voceros, según explicaron, para no exponer a represalias, a quienes están en servicio activo y sufriendo salarios con básicos que están por debajo de la línea de pobreza, como ocurre con los trabajadores de casi todos los sectores estatales y privados.

En un principio las manifestaciones con patrulleros y sirenazos, cargadas con una enorme cantidad de personal policial que agitaba carteles y entonaba cánticos, recibió apoyo de un importante sector de la población y de la oposición, debido a la legitimidad del pedido a la administración que encabeza Axel Kicillof.
Lo cierto es que después del episodio de un policía que subió a una antena de comunicaciones en Puente 12, epicentro de las actividades policiales que cubrían los medios masivos, demostrando intenciones de arrojarse, o por lo menos produciendo temor de que sufriera una caída accidental, que por suerte no ocurrió, el clima se fue recalentando.
Los que tenían la voz cantante, exigían en ruedas de prensa improvisadas, que el gobernador bonaerense y su ministro de Seguridad, Sergio Berni, se hicieran presentes allí y respondieran al petitorio que se les había presentado horas antes. Como nada de eso pasaba, se empezaron a juntar agentes en los alrededores de la Residencia Presidencial de Olivos, donde desde el 10 de diciembre de 2019 es inquilino, Alberto Fernández, algo que empezó a preocupar a los integrantes de la administración del Frente de Todos, pero también a opositores y al común de los ciudadanos.

Nunca, más allá de los levantamientos militares en los años ’80 y ’90 contra los ex jefes del Ejecutivo nacional, Raúl Alfonsín y Carlos Menem, y sin ánimos de forzar analogías, personal armado se acercó tan peligrosamente a la figura que representa la institución democrática en su máxima expresión, el presidente de la Nación.
Mientras las pantallas mostraban al Secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, hablando en la vereda de la Quinta de Olivos con uniformados que no aceptaban ingresar para presentar sus quejas al propio Fernández, sino que pretendían que el mismo mandatario saliera a la calle y se apersonara frente a ellos, dirigentes de organizaciones, como Juan Grabois del Movimiento de Trabajadores Excluidos, convocaban por Twitter a la gente para que se hiciera presente en el lugar con una vela y de manera pacífica para respaldar el orden constitucional.
Bajo un errático sistema de comunicación presidencial, comandado de esa manera desde el comienzo de la gestión por Juan Pablo Biondi y su segundo, Marcelo Martín, nadie confirmaba el rumor de una supuesta cadena nacional del primer dignatario del país, algo que ponía más dramatismo al asunto.
Algunos policías bonaerenses desde Matanza decían no saber por qué colegas suyos habían tomado la decisión extrema de ir con sus pistolas reglamentarias y patrullas a movilizar en las puertas de Olivos. Eso generó teorías conspirativas que difundían en redes algunos operadores, y que hablaban de un insólito autogolpe.
Las cosas empezaron a tomar un cauce más claro cuando el propio presidente, desde sus redes sociales, pidió no movilizar hacia el lugar para evitar romper el distanciamiento social y las normas sanitarias que atañen a la cuarentena por el Covid-19. En ese marco se sostenía extraoficialmente, que iba a haber una reunión de Fernández junto a Kicillof, en compañía de varios intendentes peronistas y Juntos por el Cambio.
Siguiendo la línea de desinformación gubernamental, pocos minutos antes de que pasara, se supo que el jefe de Estado hablaría finalmente para hacer anuncios que no estaban solamente vinculados al conflicto policial. Cuando por fin el principal dirigente de la Argentina apareció en cámara acompañado del gobernador Kicillof y Verónica Magario, su vice, junto a los jefes distritales oficialistas y opositores, todos esperaban una arenga en defensa de la institucionalidad, sin embargo Fernández reconoció las necesidades que atraviesan las fuerzas policiales y sólo cuestionó el método de reclamo. Conminó a los agentes a “deponer la actitud”, para pasar a explicar el porqué de la crisis que vive la PBA.

Lo que nunca hubieran imaginado los líderes distritales opositores, con ellos detrás de la puesta escena televisiva, el jefe del Ejecutivo informó que le quitaba un punto de la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por quien las elecciones de 2019 colocaron como principal líder opositor, Horacio Rodríguez Larreta.

Es decir que de la recaudación de impuestos que aportan todas los estados provinciales a la Nación, incluida la CABA, y que la administración central reparte en un esquema que intenta equilibrar desfasajes entre distritos pobres y ricos, sin lograrlo desde que se impuso constitucionalmente en 1994, a la Capital Federal se le reducían unos 35 mil millones de pesos para pasárselos a la provincia de Buenos Aires, y entre otras cosas, solucionar las exigencias que estaban haciendo las fuerzas bonaerenses.

Para los que descreen de las palabras de Fernández, sobre que es “el porteño más federal”, la estrategia de quitar fondos a la metrópoli que los kirchenristas denominan “la opulenta Ciudad de Buenos Aires”, ya estaba en carpeta, y fue el virtual levantamiento uniformado el mejor justificativo que les permitió avanzar con la redada.

Pocas horas después, la historia siguió con el gobernador Kicillof anunciando con rostro adusto, un aumento de los sueldos de los uniformados, que pasaron a ganar 44.000 pesos como salario mínimo, $10 mil más que los que recibían antes de entrar en un literal estado de rebeldía. Por su parte Larreta, que se enteró de la decisión presidencial un minuto antes del mensaje de Fernández y a través de un mensaje de WhatsApp del propio mandatario, brindó una conferencia de prensa donde se mostró ofuscado y ejerciendo el papel que muchos le reclaman en las filas de la oposición, el de potencial candidato a presidente para las elecciones del 2023. Allí dijo que siempre fue dialoguista y que mantuvo y sostendrá la relación institucional con su par provincial y el jefe de Estado, pero que defenderá frente a la Corte Suprema de Justicia los intereses y autonomía porteña. Para él se “hizo exactamente lo contrario al diálogo y se eligió deteriorar la convivencia política”.
En política toda argucia para sostener el poder puede ser posible, pero no se puede soslayar que lo que pasó, haya sido pergeñado como sostienen algunos conspiranoicos, o la causa inesperada que facilitó las cosas, es para las miradas externas al Frente gobernante, una imagen de debilidad para la pareja Fernández-Fernández, más que nada porque han iniciado este cuarto período de administración kirchnerista, con cuatro años de crisis macrista en el medio, con un desgaste al que no están acostumbrados y que se consolidó en sólo 9 meses.
Tengamos en cuenta que todos los índices económicos siguieron su curva negativa agravando la recesión, y más allá de los efectos de la pandemia y la administración de la cuarentena, la imagen positiva del propio Alberto Fernández bajó de 68 puntos a 37 en menos de un año de gestión.

La lógica de los gobiernos que asumen en Argentina, más allá del partido al que pertenezcan, es la de tener respaldo social y apoyo por parte de los núcleos duros de poder económico al comienzo de sus mandatos, porque reciben siempre crisis heredadas por sus antecesores, y luego, en dos o tres años empiezan a lidiar con el desgaste de sus propias herencias, sin embargo es la primera vez que una administración de raigambre peronista se enfrenta a un cuadro de poder inverso, y en el cual difícilmente se ponga a jugar con fuego con casi tres años y medio de gestión por delante.

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